Amnistía Internacional pidió el lunes una mayor acción global y solidaridad con el pueblo de Myanmar en el segundo aniversario del golpe de Estado de 2021 por parte de la junta militar o Tatmadaw. Amnistía Internacional destacó las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por Tatmadaw en su declaración y llamó la atención sobre el uso por parte del régimen de ataques aéreos y terrestres contra civiles que se oponen a su gobierno.
El Director Regional Adjunto de Campañas, Ming Yu Hah, afirmó que la mediocre respuesta global y regional a la crisis ha facilitado las violaciones de los derechos humanos, diciendo:
No se puede negar que el ejército es capaz de llevar a cabo su ataque nacional contra los derechos humanos debido a la respuesta global sorprendentemente inadecuada a esta crisis, que corre el riesgo de ser olvidada. No podemos permitir que eso suceda. Este aniversario debería poner de relieve la necesidad de una acción mundial urgente de los países de todo el mundo y de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental para proteger al pueblo de Myanmar, que sigue sitiado diariamente por los militares.
Ming pidió más solidaridad con Myanmar, ya que podría aumentar la moral y “mostrarles que no están solos”. La declaración también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que señale el asunto a la atención de la Corte Penal Internacional e imponga un “embargo de armas global y completo” para evitar el apoyo militar a la junta. El grupo citó su propia investigación y pidió el fin del suministro de combustible de aviación al país hasta que se asegure que el combustible no se utilizará en ataques aéreos contra civiles.
Amnistía Internacional publicó en noviembre un informe sobre las empresas que participan en las cadenas de suministro que suministran combustible de aviación al Tatmadaw. El informe alegó que el combustible fue utilizado por aviones militares para cometer crímenes de guerra contra civiles disidentes y expuso el papel de Puma Energy, una empresa petrolera multinacional suiza, en el suministro de combustible al régimen. Diez días después de que Amnistía revelara el contenido del informe a Puma Energy, la compañía anunció que saldría de Myanmar.
La Asociación de Asistencia para Presos Políticos en Birmania afirma que alrededor de 17.500 personas han sido arrestadas por el régimen desde el golpe, y 2.901 han sido asesinadas. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU el mes pasado exigió el fin de la violencia en el país y la liberación inmediata de todos los “prisioneros detenidos arbitrariamente”, incluida la premio Nobel Aung San Suu Kyi.