[Ginebra y Washington D.C. 26 de enero de 2023]. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aprobación en la primera ronda de un proyecto de ley que busca criminalizar y obstaculizar aún más el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela: Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Este proyecto de ley fue presentado por el partido gobernante en la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida en 2020 en un proceso electoral ampliamente impugnado, y contraviene las normas y estándares internacionales.
Si se aprueba, esta legislación obstruiría gravemente y potencialmente criminalizaría el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el país, y cerraría aún más el espacio cívico. Esta es otra estrategia del gobierno para limitar el trabajo fundamental de las organizaciones de la sociedad civil que legítimamente defienden los derechos y trabajan en nombre de las víctimas de violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en una sesión legislativa el 24 de enero de 2023. Propone la creación de un “sistema uniforme” para la constitución, registro, funcionamiento y administración de las organizaciones no gubernamentales (ONG), obligándolas, entre otras cosas, a solicitar autorización para su creación y acreditación de su capacidad para funcionar en el país. A las organizaciones no se les permitiría operar sin dicha autorización, y quienes lo hagan, pueden estar sujetas a sanciones. Esto implica una restricción inaceptable de la libertad de asociación y otros derechos conexos.
Además, el proyecto de ley integra las “obligaciones” establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en un lenguaje jurídico amplio, lo que es particularmente preocupante, dada la posible criminalización de la capacidad de las ONG para recibir financiamiento extranjero.
Esta legislación obliga a las personas o entidades a inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, indicando y divulgando periódicamente la recepción de fondos extranjeros. Aquellos que no registren o revelen sus fuentes de financiamiento, podrían enfrentar multas, la cancelación de su registro oficial y podrían enfrentar cargos penales bajo la ley antes mencionada contra el crimen organizado. Además, el amplio lenguaje legal del proyecto de ley exacerbaría la persecución continua de los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 15.2 del proyecto de ley prohíbe a las ONG realizar “actividades políticas”, sin definir claramente lo que se consideraría como tal. El artículo 15.3 del proyecto de ley establece que las OSC tienen prohibido “promover o permitir actos que amenacen la estabilidad nacional y las instituciones nacionales”, y el artículo 15.4 agrega la frase general “cualquier otro acto prohibido por la legislación nacional”. La violación de este artículo podría dar lugar a la suspensión de las actividades de la organización, o incluso a su disolución, tanto de oficio por la autoridad competente como por un tribunal, si se abre un proceso penal y se declara la existencia de un delito.
Además, el lenguaje antagonizante utilizado en el proyecto de ley es muy problemático, en particular el énfasis hecho en contra de la financiación extranjera, y la categorización de las ONG que acceden a dicha financiación como “agentes extranjeros” destinados a desestabilizar la “soberanía nacional”. De acuerdo con las normas y estándares internacionales, las OSC deben tener la capacidad de hacer su trabajo sin estar sujetas a limitaciones y suspensiones indebidas basadas en requisitos administrativos onerosos destinados a condenarlas al ostracismo e impedir su existencia. Uno de los imprescindibles
elementos del derecho a la libertad de asociación es la capacidad de las ONG locales para recibir financiación extranjera que, en muchos casos, es vital para su trabajo de derechos humanos. Ya en 2021, se aprobó una regla que requiere que las OSC divulguen completamente a sus beneficiarios y donantes en una plataforma digital gubernamental, bajo el velo de “combatir el terrorismo y el crimen organizado”. Esta regla fue rechazada en una carta abierta por más de 600 ONG venezolanas. En julio de 2010, la Corte Suprema ya había atacado el financiamiento de las OSC al determinar que obtener recursos de estados extranjeros con la intención de usarlos en detrimento de la República podría equivaler a traición.
Dado el complejo contexto en Venezuela en relación con el estado de derecho, la democracia, el funcionamiento de los poderes del Estado y, en particular, la falta de un poder judicial independiente, si se aprueba, este proyecto de ley socavará aún más varios derechos fundamentales, incluidos, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad de asociación y de expresión, así como el derecho a defender los derechos. Más aún, podría convertirse en una herramienta para legitimar lo que es esencialmente la persecución y criminalización de los defensores de derechos humanos.
Además, esta legislación es preocupante en el contexto de la investigación en curso de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela, dado que al restringir el trabajo de las ONG que documentan violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, estaría restringiendo una fuente vital de información y evidencia que debería poder llegar a la CPI. Esto a su vez podría interpretarse como obstrucción a la justicia, lo que socavaría las obligaciones internacionales del Estado venezolano.
Finalmente, con las elecciones presidenciales programadas para 2024 y las elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela enfrenta un período electoral que en el pasado ha resultado en picos en la política de represión del gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil son las que, en el pasado, han monitoreado e identificado patrones de represión gubernamental y ataques contra el espacio cívico.
Las organizaciones abajo firmantes destacan que el avance de este proyecto de ley va acompañado de una estrategia sostenida en el tiempo para limitar el trabajo de las OSC, así como de una retórica oficial que, durante años, ha estigmatizado a las organizaciones que trabajan en derechos humanos. Al mismo tiempo, este proyecto de ley se lleva a cabo en un contexto de impunidad en relación con graves violaciones de derechos humanos y la persecución y represión de personas, voces y organizaciones que son consideradas disidentes por el gobierno.
Instamos a la comunidad internacional de países democráticos, particularmente los de América Latina, a rechazar este proyecto de ley y pedimos al gobierno de Venezuela que ponga fin a la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos y OSC. Finalmente, hacemos un llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien visita el país esta semana, para que rechace y exija a las autoridades que archiven este proyecto de ley, y para resaltar durante la visita, la importancia de garantizar un entorno propicio para que las organizaciones de la sociedad civil operen libres de presiones.
Organizaciones:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Robert F. Kennedy Derechos Humanos
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Human Rights Watch (HRW)
https://www.wola.org/2023/01/international-concern-bill-criminalize-work-of-civil-society-venezuela/